El presidente libertario obtendría por medio de la misma diferentes atribuciones consideradas «inconstitucionales».
El presidente Javier Milei ha propuesto un proyecto de ley conocido como la «ley ómnibus» que plantea otorgarle poderes extraordinarios hasta diciembre de 2025, abarcando una amplia gama de áreas gubernamentales. Este proyecto, compuesto por 664 artículos distribuidos en 351 páginas, busca reformar el Estado y desregular diversas áreas que van más allá de las disposiciones recientes de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El objetivo principal de esta propuesta es que el Congreso habilite la delegación legislativa prevista en la Constitución Nacional, permitiendo la emergencia pública en múltiples esferas como la económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta fines de 2025. Además, se plantea la posibilidad de extender esta delegación por dos años más, hasta 2027, abarcando la totalidad del mandato de Milei.
Este extenso texto contempla una variedad de reformas significativas, incluyendo cambios electorales, ajustes impositivos, un plan de regularización de activos no declarados y restricciones adicionales a las manifestaciones, entre otras iniciativas que requieren el aval del Congreso, dado que abarcan áreas que no pueden ser reguladas exclusivamente mediante decretos presidenciales.
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley es la cesión de facultades legislativas al presidente Milei, contraviniendo directamente el artículo 76 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe expresamente la delegación legislativa al Poder Ejecutivo, excepto en casos de administración o emergencia pública con límites de tiempo y condiciones precisas establecidas por el Congreso.
Entre las medidas específicas que se proponen en este extenso proyecto se incluyen la derogación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), la implementación de la boleta única de papel, la transferencia de competencias judiciales nacionales a la Ciudad, la declaración de emergencia pública hasta finales de 2025 y la posibilidad de privatizar empresas estatales.
Además, se plantea reformar la Oficina Anticorrupción, ajustar la composición de la Cámara de Diputados y modificar el financiamiento de los partidos políticos, todo en línea con lo que se describe como el restablecimiento de un orden económico y social fundamentado en la doctrina liberal presente en la Constitución Nacional de 1853.
El primer artículo del proyecto de ley busca fomentar la iniciativa privada y el desarrollo económico basado en la libertad individual, limitando la intervención estatal a lo estrictamente necesario para salvaguardar los derechos constitucionales.
Este proyecto contempla la modificación de aproximadamente veinte leyes, incluida la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020, facultando al Ejecutivo a establecer una nueva fórmula de ajuste de prestaciones jubilatorias con criterios de equidad y sustentabilidad económica.