La nueva Ministra anunció las restricciones a las manifestaciones, alertando a los sindicatos y gremios.
La Ministra de seguridad Patricia Bullrich ha anunciado una serie de restricciones contundentes a las manifestaciones en un esfuerzo por restablecer el orden en las calles. Esta no es la primera vez que adopta una postura así: en 2016 -al inicio del gobierno de Mauricio Macri- también intentó implementar medidas similares que por diversas razones no se llevaron a cabo.
El reciente anuncio de Bullrich se enmarca en una estrategia similar a la que el Presidente Javier Milei adoptó al asumir su mandato. A apenas seis días desde la transición, Milei modificó significativamente la estructura gubernamental, liberando el control de precios, impulsando una devaluación del peso y rompiendo relaciones con antiguos aliados internacionales.
Este giro radical se da en un contexto crítico de Argentina, donde durante décadas ha mantenido una tolerancia casi absoluta hacia los piquetes y las manifestaciones callejeras. Bullrich, en sintonía con la demanda de orden reflejada en la elección ganada por Javier Milei, ha vuelto a anunciar un protocolo estricto para erradicar los cortes de calles.
Las medidas surgen justo antes de una marcha programada en conmemoración de los días caóticos previos a la renuncia de Fernando De la Rúa en 2001, liderada por grupos piqueteros de ultraizquierda. Este anuncio ha generado incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la operación y las posibles reacciones de los manifestantes. Además, se ha revelado que habrá operativos para evitar que la marcha planificada por organizaciones piqueteras ingrese a Capital Federal.
Las acciones de Bullrich han generado alerta no solo entre los piqueteros, tradicionalmente involucrados en enfrentamientos con la policía, sino también entre los sindicatos de la CGT. Estos últimos, tras cuatro años de inacción, están considerando retomar la protesta en un momento de fuerte inflación y resistencia gubernamental a reabrir negociaciones salariales.
En el ámbito económico, la situación tampoco es tranquila. Tras un plan que aceleró la inflación, los trabajadores no han recibido respuestas claras sobre cómo mejorar su poder adquisitivo. Economistas estiman una inflación del 30% para diciembre, con un incremento diario del 1%, según el ministro Caputo.
El anuncio de las restricciones a las manifestaciones coincide con un decreto de desregulación económica que podría aumentar la tensión con los sindicatos y los empleados públicos, quienes podrían enfrentar ajustes salariales por debajo de la inflación o pérdidas laborales debido a la «modernización del Estado».
Sin embargo, esta medida no solo desata una batalla en las calles y en el Congreso, sino que también genera conflictos entre los gobernadores. La negativa del gobierno central a compartir ciertos impuestos ha generado preocupación entre los líderes provinciales, quienes podrían enfrentar dificultades financieras para pagar sueldos y servicios básicos.